Tras varias semanas de incertidumbre, la jueza de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, Eva María Alfageme, no ha ratificado la medida cautelarísima que dictó y por consecuente se hace efectivo el descenso ordenado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al Elche CF.
El club presidido por Juan Anguix (en el cargo desde finales de abril) fue castigado por la Liga por una deuda con Hacienda de 8,5 millones de euros el pasado 5 de junio. Además, fue penalizado con una multa de 180.303 euros, que posteriormente sería reducida a 90.151 por las infracciones en los pagos. A partir de esta sanción, la directiva, con apenas unos meses al mando del club, ha probado a recurrir a diferentes organismos para evitar el descenso administrativo.
El recurso
La defensa principal elaborada por el club franjiverde se basaba en tres pilares. En primer lugar, se argumentaba que la deuda del club era con el Estado y no con la Liga. Discutían la capacidad de una entidad privada para sancionar conductas de incumplimiento tributario con Hacienda. Para ello aludían a un precedente: En 2001 el Tribunal de Justicia de Madrid revocó una sanción al Badajoz.
La LFP respondió con contundencia. Recuerda que aceptar pertenecer a la Liga supone asumir la normativa en la que vienen consideradas las posibles sanciones en caso de impagos a deportistas o al Estado. Asimismo, evoca que el club ilicitano ya aceptó sanciones de este organismo años atrás y alude a un “principio de colaboración responsable del sector público y el privado”.
El segundo punto del recurso se centraba en que el Elche pagó su deuda con Hacienda. Fuera del plazo que dio la liga, pero antes de agotar la vía administrativa que finalizaba con la resolución del TAD. Es decir, se presentaron las cartas de pago mientras se producía el recurso.
A esta postura, la Liga replicó que la deuda se pagó después de la sanción y que "las deudas no se pagan cuando el deudor decide”. También ataca a las directivas y asegura que hubo intencionalidad en ambos organigramas en cometer infracción en los pagos. El Tribunal verifica en su resolución que el Elche pagó no antes del 22 de junio, 17 días después de que la LFP decidiera su descenso y tras incumplir sucesivos plazos para evitarlo.
Por último, la tercera argumentación de los ilicitanos para revocar la sanción se centraba en que la situación se debía a una mala praxis de la anterior junta directiva. La nueva comisión había pagado la deuda fuera de plazo debido al poco tiempo de reacción tras tomar el poder. Por ello, apelan a que se trata de una medida desproporcionada ya que un descenso de categoría resulta económicamente devastador. Además, afirman que no hubo intención, ni reticencia en los impagos y que toda la culpa proviene de la directiva presidida por José Sepulcre.
En este aspecto el Tribunal de Arbitraje Deportivo da ligeramente la razón al club franjiverde. Tras reducir la multa económica, advierten que con su elevada deuda (más de 4 millones de euros) las sanciones previstas son la expulsión temporal de la competición entre 3 y 5 años o incluso un destierro definitivo del primer escalón del fútbol español. En definitiva, el TAD cree que la junta de Juan Anguix tuvo tiempo para pagar dentro de plazo y por ello debe aplicar la norma vigente. De no hacerlo – aseguran – podrían sentar un peligroso precedente en el que los clubes se pueden permitir las deudas cuándo ellos estimen oportuno.
A pesar del rechazo continuo por el órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes, al Elche aún le quedaba la última bala: la justicia ordinaria. Fue cuándo llegó algo de esperanza para los alicantinos: la Juez de Audiencia Nacional ordenó una suspensión cautelar del proceso y ordenó una vista con todas las partes: Elche, Eibar y LFP.
La estrategia del los franjiverdes durante la vista se centró en demostrar que ha existido un trato desfavorable a la entidad. Sin embargo el argumento quedó desmantelado tras la negación de la Agencia Tributaria a revelar los clubes pertenecientes a la LFP que están al corriente con Hacienda debido a que se trata de datos protegidos
Una vez escuchadas todas las partes, la jueza concluyó que las reglas son iguales para todos los clubes y el Elche pudo invertir el dinero que no pagó a Hacienda en la compra de nuevos jugadores. Por tanto, el Eibar será repescado para continuar el próximo año en Primera División mientras se confirma el descenso de categoría del club entrenado por Ruben Baraja por vía administrativa.
Tras este duro revés, la preocupación con las deudas no acaba con esta dura sentencia para los alicantinos. Si no quieren sufrir otro descenso administrativo, tienen hasta el 31 de julio para abonar alrededor de 7 millones de euros en concepto de salarios y primas atrasadas a jugadores. En total, 33 denuncias que de no pagarse podrían llevar al club directamente a 2ºB.